Acto en Alpedrete : Paz, Cultura, Libertad. Acto cultural contra la violencia, la intorelancia y a favor de la convivencia democrática
miércoles, 27 de junio de 2012
lunes, 25 de junio de 2012
STOP ORDENANZAS REPRESIVAS EN LA SIERRA
De http://stopordenanzas.blogspot.com.es/2012/06/stop-pordenanzas-represivas.html :
La crisis que sufrimos está provocando unos niveles de desigualdad inaceptables y las normas que están apareciendo no hacen más que agravar la situación. Es el caso de las nuevas ordenanzas de Collado Villalba y Galapagar.
En Collado Villalba colgar la ropa, instalar un armario en un balcón, o buscar comida en los contenedores se sancionará hasta con 750 €. También jugar a la pelota en un parque público conllevará la misma sanción y la incautación de la pelota. Son medidas profunamente insolidarias que afectan a las personas con menos recursos, ya que las familias con viviendas de cientos de metros cuadrados de parcela y poder adquisitivo suficiente como para alquilar los campos de fútbol municipales no se verán afectados de la misma manera por estas ordenanzas.
La actividad ciudadana estorba a ciertos partidos vinculados con los círculos de poder. Con el aumento de las movilizaciones ciudadanas en contestación a la crisis económica y las injusticias que estamos viviendo, también están apareciendo nuevas restricciones que limitan los derechos fundamentales de la población. Las nuevas ordenanzas de los municipios de Collado Villalba y Galapagar, aunque disfrazadas de civismo, en realidad pretenden callar las voces críticas con los gobiernos municipales.
La presión a los movimientos sociales no es algo nuevo. En la legislatura anterior ya se aprobó en Collado Villalba la Ordenanza de Protección del Paisaje Urbano Publicidad Ecterior con la que se limitann cuestiones importantes como es la expresión vecinal, autorizando la pegada de carteles únicamente en los espacios específicos, sin embargo, el Ayuntamiento no habilitó ninguno por lo que en la práctica está prohibida esta acticidad con sanciones de hasta 30.000 €. Amonestar las actividades molestas para los Gobiernos es algo generalizado, ya que se padece en otros municipios de la Sierra como en Galapagar, Alpedrete o Moralzarzal.
Los respectivos Equipos de Gobierno no dudan en hacer abuso de su autoridad para hacer valer este tipo de ordenanzas que afectan a toda la ciudadanía. En el pleno municipal celebreado el 15 de Mayo se apreobó la Ordenanza y Garantía de la Convivencia Ciudadana en Collado Villalba con los votos a favor de Partido Popular y UPyD. En dicho acto se expulsó a las vecinas y vecinos que mostraron su repulsa al documento.
Es cierto que hay que fomentar y mejorar la convivencia en nuestros municipios pero las iniciativas encaminadas en este sentido tienen que ser sensibles con las realidades vecinales y fruto del consenso.
Puedes presentar alegaciones a la ordenanza de Collado Villalba hasta el próximo 6 de Julio. En el siguiente enlace puedes encontrar una alegación tipo http://stopordenanzas.blogspot.com.es/2012/06/presenta-tu-propia-alegacion.html
viernes, 22 de junio de 2012
jueves, 14 de junio de 2012
martes, 12 de junio de 2012
Izquierda Unida exige la dimisión inmediata de la Alcaldesa de Alpedrete
MARISOL CASADO HA SIDO LLAMADA A DECLARAR COMO IMPUTADA EN
UN DELITO DE PREVARICACIÓN
El próximo
día 4 de julio, y en condición de imputada,
Desde hace
tiempo, el Partido Popular de Alpedrete, en el que la Alcaldesa ejerce el
cargo de presidenta, considera el municipio de Alpedrete como algo de su
propiedad, una especie de coto privado en el que puede hacer y deshacer a su
antojo, aplicando criterios caciquiles impropios del siglo XXI. Para la Alcaldesa de Alpedrete,
apoyada por su partido, el tener que seguir un proceso, en este caso una
contratación, siguiendo unas normas claramente marcadas por la ley, no deja de
ser un incordio, una molestia. Un cargo público debe realizar su trabajo con honradez,
imparcialidad y de acuerdo con la ley y la alcaldesa
María Casado Nieto no ha cumplido con estas condiciones
Estas prácticas
han venido repitiéndose en contrataciones de trabajadores del Ayuntamiento aún
contando con informes desfavorables tanto de la Secretaría como de la Interventora
Municipal
Una
condena a Doña María Casado por este delito supondría su inhabilitación como
cargo público y le obligaría a dejar de ser Alcaldesa pero es que además su
imputación por posible prevaricación causa un enorme perjuicio al nombre y fama
de nuestro municipio, perjuicio a todas luces inmerecido. El Partido Popular de
Alpedrete, que gobierna con una mayoría absoluta obtenida por la ley electoral
y no por los votos, debería tomar en consideración estos hechos y exigirle a
Doña María Casado, su dimisión. Por otra parte, Doña María Casado, cada vez que
tiene oportunidad manifiesta su amor por Alpedrete, su alpedreteñismo, este
sería un buen momento para demostrarlo impidiendo que el buen nombre de
Alpedrete quede ensuciado por sus problemas con la justicia.
Por último
queremos apoyar la lucha de la sección sindical de CCOO, con el apoyo del
Comité de Empresa, por defender los derechos de todos los trabajadores,
recordando una vez más que esta querella no va en contra de los
trabajadores contratados, ni mucho menos en contra de los derechos de los
trabajadores
lunes, 11 de junio de 2012
Frente a un rescate inútil y dañino, rescatar a la gente y al sector público
Secretaría de Economía del PCE / 11 jun 12
El rescate es inútil
Es inútil porque la banca española está quebrada. Si algún día los bancos y cajas pudieran recuperar el 50% de la deuda de promotores y constructores, por importe de 400.000 millones, que ya es una perspectiva optimista, los 100.000 millones de euros que parece que va a prestar “Europa” apenas bastarían para cubrir las pérdidas. Desde luego, no para restablecer el flujo del crédito a “familias y empresas” como gusta decir Guindos.
Pero es más inútil aún porque con una economía en recesión y en la que la gente está intentando reducir su endeudamiento excesivo todas las recapitalizaciones equivalen a tirar el dinero a la alcantarilla. Que se lo pregunten a los clientes y empleados de Bankia o Caja Cívica que fueron extorsionados por sus entidades para que acudieran a las emisiones de capital del año pasado y que han perdido dos tercios de lo que pusieron. O a todas las personas que han sido engañadas con las preferentes y las subordinadas. La banca española se ha recapitalizado en 38.000 millones de euros entre 2008 y 2011 y no ha servido para nada. Sólo sobreviven aquellos cuyo negocio está fuera, como el Santander y el BBVA.
Y, para más inri, el rescate sólo tiene una finalidad, proteger a toda la cadena que va desde los especuladores en terrenos hasta los grandes bancos internacionales (a los que bancos y cajas españolas deben 465.000 millones de euros), pasando por inmobiliarias, cajas, bancos españoles privados, para que no pierdan los beneficios ilegítimamente obtenidos con la especulación del ladrillo de los últimos 10 años.
El rescate es dañino
El rescate es dañino porque al final la deuda la asume el sector público. De repente pasaremos a tener un 10% del PIB más de deuda pública lo que se traducirá en más intereses a pagar y, con la tónica del gobierno actual, más recortes. Además, a un tipo de interés del 3%, acaban de sumar tres décimas del PIB al déficit público.
El rescate es dañino porque le va a dar el control a cualquiera sabe qué comité o grupo de ministros, banqueros y burócratas europeos sobre una parte muy importante del sistema financiero español. Nada menos que una gran parte de las antiguas Cajas de Ahorros. Lo que hasta ahora no habían conseguido, meter el pescuezo en el sistema financiero español, se lo acaba de regalar Rajoy. Y todo acabará privatizado y en manos de quién sabe.
Y sobre todo, el rescate es dañino porque con un sector público más endeudado y una parte importante del sector financiero en manos extranjeras, las posibilidades de políticas que conduzcan a salir de la crisis se reducen aún más. Lo cual se traducirá en más paro, más recortes y más sufrimiento para la mayoría de la gente.
Rescatar a la gente y al sector público
El rescate que se necesita es el de la gente y del sector público. Eso requiere, en primer lugar, aliviar la carga de la deuda hipotecaria originada por la vivienda principal, hasta reducirla a un porcentaje asumible de la renta y, eventualmente, aplazándola para las personas en paro. Y en segundo lugar denunciar la deuda pública ilegítima, es decir aquella contraída a consecuencia del rescate a los bancos, de los intereses excesivos pagados por la deuda y, en general, de toda aquella deuda que no esté justificada por un desfase entre los ingresos públicos y los gastos de inversión y mantenimiento de los servicios públicos.
Estas medidas imprescindibles deben recaer sobre los acreedores. En el caso de la deuda pública se puede excluir a los ahorradores particulares y empresas no financieras que apenas llegan al 3,5%. Evidentemente, la devaluación de la deuda y de las hipotecas recaerá especialmente sobre la banca, pero no hay ninguna necesidad de rescatarla sino, por el contrario, de crear una banca pública adecuada a las necesidades reales de la economía y la sociedad españolas. De hecho, habría además que nacionalizar al menos el suelo urbano.
Junto a lo anterior es necesario un aumento de la capacidad fiscal del Estado, es decir, de los impuestos. Aparte de las medidas que tradicionalmente se plantean de la recuperación del impuesto sobre el patrimonio, de la fiscalidad de los ingresos de capital y de la lucha contra el fraude, debe considerarse el aumento de la tributación de las rentas más altas de forma progresiva empezando a partir de los superiores a 30.000 euros anuales, lo que no llega al 20% de los declarantes. La mitad de los asalariados y asalariadas reciben un salario inferior a 19.000 euros al año y el salario medio está en 22.500 euros. También debe evaluarse la implantación un impuesto sobre los activos financieros de las empresas (financieras y no financieras).
Con estas medidas se puede financiar un plan de relanzamiento económico basado en la recuperación de los servicios públicos básicos y en un programa de empleo para todas las personas en paro. A partir de ahí, se puede hablar realmente de un rescate y enfrentar en mejores condiciones la reconversión del modelo productivo basada en las necesidades sociales, la recuperación del medio ambiente y el control democrático de la economía.
¿Qué no es políticamente posible? Pues tendrá que serlo porque lo que no es posible es salvar a la banca y a la gente a la vez.
Es inútil porque la banca española está quebrada. Si algún día los bancos y cajas pudieran recuperar el 50% de la deuda de promotores y constructores, por importe de 400.000 millones, que ya es una perspectiva optimista, los 100.000 millones de euros que parece que va a prestar “Europa” apenas bastarían para cubrir las pérdidas. Desde luego, no para restablecer el flujo del crédito a “familias y empresas” como gusta decir Guindos.
Pero es más inútil aún porque con una economía en recesión y en la que la gente está intentando reducir su endeudamiento excesivo todas las recapitalizaciones equivalen a tirar el dinero a la alcantarilla. Que se lo pregunten a los clientes y empleados de Bankia o Caja Cívica que fueron extorsionados por sus entidades para que acudieran a las emisiones de capital del año pasado y que han perdido dos tercios de lo que pusieron. O a todas las personas que han sido engañadas con las preferentes y las subordinadas. La banca española se ha recapitalizado en 38.000 millones de euros entre 2008 y 2011 y no ha servido para nada. Sólo sobreviven aquellos cuyo negocio está fuera, como el Santander y el BBVA.
Y, para más inri, el rescate sólo tiene una finalidad, proteger a toda la cadena que va desde los especuladores en terrenos hasta los grandes bancos internacionales (a los que bancos y cajas españolas deben 465.000 millones de euros), pasando por inmobiliarias, cajas, bancos españoles privados, para que no pierdan los beneficios ilegítimamente obtenidos con la especulación del ladrillo de los últimos 10 años.
El rescate es dañino
El rescate es dañino porque al final la deuda la asume el sector público. De repente pasaremos a tener un 10% del PIB más de deuda pública lo que se traducirá en más intereses a pagar y, con la tónica del gobierno actual, más recortes. Además, a un tipo de interés del 3%, acaban de sumar tres décimas del PIB al déficit público.
El rescate es dañino porque le va a dar el control a cualquiera sabe qué comité o grupo de ministros, banqueros y burócratas europeos sobre una parte muy importante del sistema financiero español. Nada menos que una gran parte de las antiguas Cajas de Ahorros. Lo que hasta ahora no habían conseguido, meter el pescuezo en el sistema financiero español, se lo acaba de regalar Rajoy. Y todo acabará privatizado y en manos de quién sabe.
Y sobre todo, el rescate es dañino porque con un sector público más endeudado y una parte importante del sector financiero en manos extranjeras, las posibilidades de políticas que conduzcan a salir de la crisis se reducen aún más. Lo cual se traducirá en más paro, más recortes y más sufrimiento para la mayoría de la gente.
Rescatar a la gente y al sector público
El rescate que se necesita es el de la gente y del sector público. Eso requiere, en primer lugar, aliviar la carga de la deuda hipotecaria originada por la vivienda principal, hasta reducirla a un porcentaje asumible de la renta y, eventualmente, aplazándola para las personas en paro. Y en segundo lugar denunciar la deuda pública ilegítima, es decir aquella contraída a consecuencia del rescate a los bancos, de los intereses excesivos pagados por la deuda y, en general, de toda aquella deuda que no esté justificada por un desfase entre los ingresos públicos y los gastos de inversión y mantenimiento de los servicios públicos.
Estas medidas imprescindibles deben recaer sobre los acreedores. En el caso de la deuda pública se puede excluir a los ahorradores particulares y empresas no financieras que apenas llegan al 3,5%. Evidentemente, la devaluación de la deuda y de las hipotecas recaerá especialmente sobre la banca, pero no hay ninguna necesidad de rescatarla sino, por el contrario, de crear una banca pública adecuada a las necesidades reales de la economía y la sociedad españolas. De hecho, habría además que nacionalizar al menos el suelo urbano.
Junto a lo anterior es necesario un aumento de la capacidad fiscal del Estado, es decir, de los impuestos. Aparte de las medidas que tradicionalmente se plantean de la recuperación del impuesto sobre el patrimonio, de la fiscalidad de los ingresos de capital y de la lucha contra el fraude, debe considerarse el aumento de la tributación de las rentas más altas de forma progresiva empezando a partir de los superiores a 30.000 euros anuales, lo que no llega al 20% de los declarantes. La mitad de los asalariados y asalariadas reciben un salario inferior a 19.000 euros al año y el salario medio está en 22.500 euros. También debe evaluarse la implantación un impuesto sobre los activos financieros de las empresas (financieras y no financieras).
Con estas medidas se puede financiar un plan de relanzamiento económico basado en la recuperación de los servicios públicos básicos y en un programa de empleo para todas las personas en paro. A partir de ahí, se puede hablar realmente de un rescate y enfrentar en mejores condiciones la reconversión del modelo productivo basada en las necesidades sociales, la recuperación del medio ambiente y el control democrático de la economía.
¿Qué no es políticamente posible? Pues tendrá que serlo porque lo que no es posible es salvar a la banca y a la gente a la vez.
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