Acto en Collado Villlalba : El problema de la vivienda en España La Iniciativa Legislativa Popular por la Dación en pago
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Organiza Asamblea 15M Collado Villalba
Viernes, 19 de octubre, a
las 18 h.
Centro de Iniciativas
Municipales
C/ Rincón de las Eras 10 (Frente al Centro comercial Carrefour)
28400 Collado Villalba -
Madrid
T. 91279 51 51
Intervendrán:
Hipatia Cóndor, economista, afectada por la hipoteca y miembro dela PAH
Hipatia Cóndor, economista, afectada por la hipoteca y miembro de
Felicitas Velázquez, PAH
- Coordinación de acciones contra los desahucios.
Manuel San Pastor: Abogado, integrante del equipo jurídico de la PAH
El problema de la
vivienda en España
El derecho a la vivienda
y el reconocimiento de ésta como bien de primera necesidad se recoge por
primera vez en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Más
de cincuenta años después la vivienda sigue siendo un problema en muchos
lugares.
En España, se recoge el
derecho a la vivienda en el artículo 47 de la Constitución de la
siguiente manera:
«Todos los españoles tienen
derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las
condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el
interés general para impedir la especulación. La Comunidad participará en
las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».
Todos los planes de
vivienda que establecieron en España los distintos gobiernos, desde la época
del desarrollismo, se han caracterizado por dos aspectos: se presentan como
forma de dar satisfacción a una necesidad social y al mismo tiempo van
acompañados de objetivos económicos ajenos a la política de vivienda. Las
consecuencias de este esquema han sido:
Fomento del acceso a la
vivienda a través de la propiedad.
Carencia de un parque de
viviendas sociales gestionadas directamente por la administración pública o por
entidades sin ánimo de lucro.
Deterioro del parque de
alquileres.
Mientras que un gran
sector de población tiene dificultades para acceder a una vivienda, la
estructura legal en vigor hace más rentable la promoción de viviendas de lujo o
las segundas viviendas.
Son el mercado y la
demanda, muchas veces basada en la inversión, y no en el uso, los que deciden
qué, cuánto y cómo se construye, y ni la legislación urbanística, ni los planes
de vivienda, ni los incentivos fiscales, ni los planes generales están
diseñados para contrarrestar las decisiones del sector inmobiliario.
Al convertirse la
vivienda en una inversión de alta rentabilidad, las entidades bancarias
comenzaron a aprobar hipotecas a personas cuyo ratio económico se alejaba del
mínimo para afrontar los pagos. Y como consecuencia, al explotar la llamada
“burbuja inmobiliaria” asistimos hoy a una oleada de desahucios que dejan en la
calle y sin solución, a miles de familias, al mismo tiempo que muchos
hipotecados siguen pagando unas viviendas sobrevaloradas en el momento del auge
y que en la actualidad se han devaluado en hasta un 50 y 60%.
