Por el derecho a una vivienda digna para todas las personas, continuemos con la lucha
El Partido Comunista de España apoya la manifestación convocada por la Asamblea contra la precariedad y por la vivienda digna (V de Vivienda) para el 1 de marzo a las 18:00 horas y que partirá de la Puerta del Sol de Madrid. Respalda igualmente todas las movilizaciones que se llevarán a cabo en esa misma fecha en diferentes ciudades del país con el fin de reivindicar el derecho a una vivienda digna para todas las personas.
Resulta indignante que los grandes medios de comunicación y los partidos políticos mayoritarios, engolfados en plena campaña electoral en el tedioso circo de acusaciones mutuas sin contenido, hayan guardado silencio acerca del informe del observador de la ONU Miloon Kothari sobre la situación de la vivienda en España. En tal informe se constata lo que el movimiento ciudadano por la vivienda digna viene denunciando en las calles desde hace tiempo: más de una cuarta parte de los ingresos de los ayuntamientos españoles provienen de la especulación inmobiliaria, por la vía primordialmente de la dilapidación de patrimonio de suelo público imprescindible para garantizar el derecho a la vivienda; existen más de tres millones de viviendas vacías en un país en el que cerca de ocho millones de personas ven negado su derecho elemental a un techo; las desgravaciones fiscales para la vivienda en propiedad han agravado el problema y han provocado constantes elevaciones de precios; la inexistencia de parques de vivienda pública en alquiler; la especulación salvaje de las últimas dos décadas, aparte de negar el derecho de millones de ciudadanos y generar en cambio beneficios obscenamente multimillonarios para unos pocos, ha llevado a una destrucción escandalosa del territorio y el entorno natural.
El observador de la ONU advierte de que la situación es insostenible y reclama de las autoridades españolas que informen a la ciudadanía de su gravedad y se comprometan a aplicar medidas urgentes y drásticas para corregirla.
Y la respuesta de las autoridades, de los grandes partidos políticos y de la inmensa mayoría de medios de comunicación ha sido el silencio, un silencio infame y culpable. Estos son los problemas sociales que los políticos deben discutir en las campañas electorales si no se quiere que las campañas se conviertan en una estúpida feria de vanidades e hipocresías.
Aún peor, el gobierno del PSOE negocia con el G14, el grupo representativo de los constructores y promotores inmobiliarios, los beneficiarios y causantes principales de la catástrofe, medidas que frenen sus posibles pérdidas de beneficios por la crisis del sector. Es decir, no le preocupa el derecho a la vivienda sino el lucro de los grandes capitalistas. Es una vergüenza.
El PCE quiere elevar su voz junto a todas las demás voces que denuncian el estado de cosas actual y comparte tanto el diagnóstico como las reivindicaciones básicas que el movimiento por la vivienda digna plantea.
Repetimos que el único camino para garantizar el derecho a la vivienda es el de la constitución de un parque de vivienda pública en alquiler a precios asequibles para todas las personas sin tener que hipotecar su vida. Hay que acabar con las subvenciones y desgravaciones fiscales de la vivienda en propiedad, que han formado parte del problema y nunca de la solución. Es inaplazable acometer medidas audaces de uso social de las viviendas vacías: fuertes impuestos a la vivienda vacante, expropiación de viviendas vacías de protección oficial o subvencionadas con dinero público por reducciones fiscales con las que se está especulando sin control alguno y otras. Se hace necesario detener radicalmente el perverso proceso de urbanización salvaje y proponerse un cambio de fondo del modelo productivo destructor de la naturaleza y de los derechos sociales. Se debe abordar la política desarrollada por la inmensa mayoría de los ayuntamientos españoles y detener la dinámica de dilapidación de patrimonio de suelo público. Urge una reforma a fondo de la fiscalidad de las corporaciones locales y garantizar en la práctica el cumplimiento efectivo del mandato constitucional de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos. Hay que exigir un urbanismo íntegramente público.
La vivienda ha de quedar fuera del mercado, porque la vivienda es un derecho con el que es indecente hacer negocio.
Por todo ello, el PCE llama, como en todas las demás ocasiones ha hecho, a su militancia y a toda la ciudadanía a participar activamente en las movilizaciones del próximo 1 de marzo.
Por el derecho a una vivienda digna para todas las personas, sigamos con la lucha en la calle.
Resulta indignante que los grandes medios de comunicación y los partidos políticos mayoritarios, engolfados en plena campaña electoral en el tedioso circo de acusaciones mutuas sin contenido, hayan guardado silencio acerca del informe del observador de la ONU Miloon Kothari sobre la situación de la vivienda en España. En tal informe se constata lo que el movimiento ciudadano por la vivienda digna viene denunciando en las calles desde hace tiempo: más de una cuarta parte de los ingresos de los ayuntamientos españoles provienen de la especulación inmobiliaria, por la vía primordialmente de la dilapidación de patrimonio de suelo público imprescindible para garantizar el derecho a la vivienda; existen más de tres millones de viviendas vacías en un país en el que cerca de ocho millones de personas ven negado su derecho elemental a un techo; las desgravaciones fiscales para la vivienda en propiedad han agravado el problema y han provocado constantes elevaciones de precios; la inexistencia de parques de vivienda pública en alquiler; la especulación salvaje de las últimas dos décadas, aparte de negar el derecho de millones de ciudadanos y generar en cambio beneficios obscenamente multimillonarios para unos pocos, ha llevado a una destrucción escandalosa del territorio y el entorno natural.
El observador de la ONU advierte de que la situación es insostenible y reclama de las autoridades españolas que informen a la ciudadanía de su gravedad y se comprometan a aplicar medidas urgentes y drásticas para corregirla.
Y la respuesta de las autoridades, de los grandes partidos políticos y de la inmensa mayoría de medios de comunicación ha sido el silencio, un silencio infame y culpable. Estos son los problemas sociales que los políticos deben discutir en las campañas electorales si no se quiere que las campañas se conviertan en una estúpida feria de vanidades e hipocresías.
Aún peor, el gobierno del PSOE negocia con el G14, el grupo representativo de los constructores y promotores inmobiliarios, los beneficiarios y causantes principales de la catástrofe, medidas que frenen sus posibles pérdidas de beneficios por la crisis del sector. Es decir, no le preocupa el derecho a la vivienda sino el lucro de los grandes capitalistas. Es una vergüenza.
El PCE quiere elevar su voz junto a todas las demás voces que denuncian el estado de cosas actual y comparte tanto el diagnóstico como las reivindicaciones básicas que el movimiento por la vivienda digna plantea.
Repetimos que el único camino para garantizar el derecho a la vivienda es el de la constitución de un parque de vivienda pública en alquiler a precios asequibles para todas las personas sin tener que hipotecar su vida. Hay que acabar con las subvenciones y desgravaciones fiscales de la vivienda en propiedad, que han formado parte del problema y nunca de la solución. Es inaplazable acometer medidas audaces de uso social de las viviendas vacías: fuertes impuestos a la vivienda vacante, expropiación de viviendas vacías de protección oficial o subvencionadas con dinero público por reducciones fiscales con las que se está especulando sin control alguno y otras. Se hace necesario detener radicalmente el perverso proceso de urbanización salvaje y proponerse un cambio de fondo del modelo productivo destructor de la naturaleza y de los derechos sociales. Se debe abordar la política desarrollada por la inmensa mayoría de los ayuntamientos españoles y detener la dinámica de dilapidación de patrimonio de suelo público. Urge una reforma a fondo de la fiscalidad de las corporaciones locales y garantizar en la práctica el cumplimiento efectivo del mandato constitucional de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos. Hay que exigir un urbanismo íntegramente público.
La vivienda ha de quedar fuera del mercado, porque la vivienda es un derecho con el que es indecente hacer negocio.
Por todo ello, el PCE llama, como en todas las demás ocasiones ha hecho, a su militancia y a toda la ciudadanía a participar activamente en las movilizaciones del próximo 1 de marzo.
Por el derecho a una vivienda digna para todas las personas, sigamos con la lucha en la calle.
