Acto público por la paz en Colombia

MANIFIESTO

“Todo individuo tiene derecho” a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

(Art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos)

“Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”.

(Art. 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos)

Hoy día, en el año en que se cumple el 60 aniversario de la promulgación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en plena era de la globalización, es importante que recordemos la vigencia de estos principios.

Hoy, sesenta años después, estamos asistiendo a una globalización de la persecución policial, de la criminalización y de la exclusión de todos aquellos que se atreven a cuestionar, desconocer o ignorar el ”pensamiento único” que pretende imponerse, desvirtuando y abusando del significado de la palabra “Democracia” en nombre de la cual se trata de justificar la persecución. Uno de los casos más flagrandes del que somos testigos en la actualidad es el caso de Colombia. Este país prácticamente no ha conocido un periodo de paz desde su independencia. Colombia es el país de América latina con mayores desigualdades sociales y peor reparto de la riqueza. En las últimas décadas sus partidos de oposición, sindicatos, organizaciones y movimientos sociales están siendo perseguidos hasta el exterminio por la simple denuncia de este estado de cosas.

Miles de hombres y mujeres han sido torturados, asesinados, desaparecidos, encarcelados u obligados al exilio durante sucesivos gobiernos siempre al servicio de poderosos intereses internos y externos. Casi cuatro millones de personas se han visto obligados a abandonar las tierras que les proporcionaban el sustento diario y a hacinarse para malvivir en los alrededores de las grandes ciudades o en los países fronterizos. Se puede asegurar, sin riesgo a equivocarse, que en Colombia no existe un Estado de derecho. Al mismo tiempo, el actual gobierno colombiano se ve envuelto en una interminable serie de asuntos turbios que relacionan fraude electoral, paramilitarismo y narcotráfico.

Ahora, el gobierno colombiano pretende extender esta persecución más allá de sus fronteras: Dinamarca, Suecia, Italia, México, Venezuela, Ecuador, Brasil, Chile, Suiza o España y una interminable lista de países son objetivo de su afán por neutralizar la solidaridad con el pueblo colombiano y la denuncia de los crímenes que allí se cometen a diario, habiéndose producido ya acusaciones, allanamientos y detenciones en una espiral de “globalización policiaca” que amenaza con envolvernos a todos.

Es ante todo al Estado a quien corresponde la salvaguarda y el respeto de los Derechos Humanos de sus ciudadanos. Si un Estado se convierte en verdugo de sus propios ciudadanos, si no hace honor a sus compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos, si no respeta la Ley, pierde su legitimidad. Y en esas circunstancias ¿cómo se podrá exigir responsabilidad al respecto de sus propios ciudadanos?